El sargento mayor Fermín Cuevas decidió hacer pública su situación tras afirmar que en la dotación donde prestaba servicio se producían prácticas que considera abusivas. Entre sus principales señalamientos aseguró que agentes policiales estarían siendo enviados a realizar servicios en lugares donde presuntamente operan puntos de drogas, exponiéndolos, según su versión, a situaciones de alto riesgo.
Cuevas relató además que el conflicto que lo llevó a pedir su traslado comenzó después de asistir a un velatorio familiar, pese a que, según explicó, su permiso había sido negado por el inspector del destacamento. Como consecuencia, afirmó que recibió una suspensión de 10 días sin disfrute de sueldo. Posteriormente solicitó al comandante ser enviado a otra unidad porque, según sus palabras, no podía continuar trabajando bajo lo que describió como una “cadena” de situaciones que le generaban inconvenientes.
El agente también denunció presuntos métodos disciplinarios que considera desproporcionados. Según su testimonio, un mayor habría ordenado sanciones físicas a policías por llegar tarde y, en algunos casos, les habría retirado sus armas de reglamento durante varios días. Cuevas afirmó además que recibió advertencias sobre una posible cancelación de su nombramiento y dificultades para acceder a una pensión.
La denuncia abre un debate que trasciende el caso particular: si la reforma policial busca transformar la institución, ¿cómo se están supervisando las condiciones laborales, los mecanismos disciplinarios y la seguridad de los propios agentes? Las acusaciones de Cuevas requieren una investigación formal que determine responsabilidades y establezca si se trata de hechos aislados o de prácticas que aún persisten dentro de la institución.